A partir del 3 de abril de 2026, muchas empresas del sector alimentario tendrán que cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 6 de la Ley 1/2025, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Entre estas nuevas obligaciones se encuentran la elaboración de un plan de prevención, la aplicación de una jerarquía de prioridades y la creación de acuerdos para donar los excedentes alimentarios.
El Plan de Prevención del desperdicio alimentario
La Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, entró en vigor de forma general en enero de 2025. Sin embargo, las obligaciones incluidas en su artículo 6 serán aplicables desde el 3 de abril de 2026.
La elaboración de un Plan de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario no supone únicamente cumplir con la legislación. También puede ser una oportunidad para que las empresas mejoren su funcionamiento y reduzcan costes. Una correcta prevención del desperdicio permite mejorar la gestión de los recursos y conseguir una mayor eficiencia económica, además de aportar beneficios sociales y medioambientales.
¿Qué cambia a partir de abril de 2026?
Desde el 3 de abril de 2026, las empresas que estén obligadas deberán tener implantadas diferentes medidas para prevenir y gestionar las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Contar con un Plan de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que deberá estar correctamente implantado y actualizado.
- Aplicar las medidas establecidas en la jerarquía de prioridades que recoge la ley.
Estas obligaciones forman parte de las medidas previstas en el artículo 6 de la Ley 1/2025.
¿Qué empresas tienen que cumplir estas obligaciones?
La ley establece algunas excepciones.
En primer lugar, están excluidas las microempresas, consideradas aquellas que tienen menos de 10 personas ocupadas y cuyo volumen de negocio anual o balance general anual no supera los 2 millones de euros.
También existen excepciones para determinadas actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería y restauración cuando se desarrollan en establecimientos de determinadas dimensiones. En concreto, la ley establece el límite de 1.300 m², teniendo en cuenta las condiciones previstas para establecimientos con o sin venta al público.
¿Qué es el Plan de Prevención?
El Plan de Prevención es una herramienta de gestión que debe adaptarse a las características y necesidades de cada empresa. Su objetivo es establecer medidas que permitan identificar, medir, prevenir y gestionar correctamente las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
Además, el plan debe incluir medidas relacionadas con la trazabilidad de los residuos que se generan y con la transparencia a la hora de comunicar los datos.
Para los profesionales del sector alimentario, estas nuevas obligaciones pueden suponer modificaciones en algunas tareas habituales. Por ejemplo, será necesario revisar los procesos de compra y la gestión de los stocks para intentar reducir los excedentes. También puede ser necesario mejorar la gestión de los subproductos de acuerdo con la normativa o utilizar sistemas digitales que permitan controlar y realizar un seguimiento de los residuos generados.
La formación como parte fundamental
La prevención del desperdicio alimentario no debería aplicarse únicamente en aquellas empresas que estén obligadas por la ley. Cualquier empresa del sector alimentario puede utilizar un plan de prevención para mejorar la utilización de sus recursos, disminuir el desperdicio y conseguir un ahorro de costes.
La formación y la sensibilización de los trabajadores son aspectos fundamentales para conseguir estos objetivos. Los responsables y trabajadores de sala y cocina, los supervisores de calidad y otros profesionales relacionados con la restauración pueden contribuir a reducir el desperdicio mediante la aplicación de buenas prácticas en su trabajo diario.
Por otro lado, la complejidad técnica de la nueva normativa hace necesario que el personal técnico actualice sus conocimientos y competencias. De esta manera, podrá integrar correctamente las nuevas obligaciones en sistemas de gestión APPCC.
En definitiva, la aplicación de estas medidas supone un nuevo reto para las empresas del sector alimentario, pero también puede ser una oportunidad para mejorar la gestión, reducir el desperdicio y conseguir un funcionamiento más eficiente y sostenible.
Fuente: Tecoal
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